El 22 de enero de 2005, durante la manifestación convocada en Madrid por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), se produjo la "supuesta" agresión al entonces ministro de defensa, José Bono. Escribo "supuesta" porque si bien el primer juicio sobre este caso se resolvió con un auto de sobreseimiento (suspensión del proceso por falta de pruebas), en el que el juez dictaminó que, aunque se habían producido agresiones al ministro, no se podía tener la certeza de que los dos acusados fueran los causantes de dichas agresiones, la semana pasada la Audiencia de Madrid condenó a entre tres y cinco años de prisión a tres policías relacionados con el caso Bono por detención ilegal, falsedad de documento público y coacciones en el arresto de los dos militantes del PP que, "supuestamente", habían agredido al ex-ministro. Después de conocer el veredicto, el comisario jefe de la policía declaró que se trataba de una "sentencia absolutamente injusta, arbitraria y total y radicalmente política" Además, la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fdez de la Vega, ha dicho que recurrirán ante el Tribunal Supremo esta sentencia porque «ni los hechos ni la calificación jurídica de los mismos se corresponden con lo ocurrido».
Estamos ante un caso flagrante de politización de la justicia. Todas las partes han manipulado de tal modo los hechos sucedidos en aquella manifestación, que para cualquier juez sería imposible dictar en estos momentos una sentencia mínimamente justa sobre este asunto. Para empezar, no se ha podido demostrar que la agresión existiera, ya que en el video se observa que hay mucho revuelo y gritos en la zona donde estaba Bono y Rosa Díez, pero no se constata agresión, al menos física.
Otro asunto turbio es la corrección por parte de los escoltas de Bono de su primera declaración. Que corrigieron la declaración es un hecho, lo que no se sabe a ciencia cierta es el motivo, que podría haber sido para expresar con más claridad los hechos o, como dictamina la sentencia de la Audiencia Provincial, para exagerar las agresiones que habría sufrido Bono.
Por otro lado, esta misma sentencia acusa a los policías de coacción en el arresto de los militantes del PP, pero según escribe Enric Sopena en El Periódico de Catalunya, los dos acusados declararon en un periódico local que en realidad la policía había llamado "amablemente" al marido (los dos militantes del PP son marido y mujer), preguntándoles si tenían inconveniente en ser conducidos a la comisaría. Declararon también que les llevaron en coche camuflado a las 12 porque a las 10 era, literalmente, "pronto", y que les tranquilizaron inmediatamente asegurándoles que no había ningún cargo en contra de ellos y que era un trámite sin importancia. Cuando el periodista que les hizo la entrevista les preguntó acerca de cómo habían sido tratados, ellos respondieron que "estupendamente". Entonces, ¿por qué los policías han sido condenados por coacción?
Añadamos a todas estas irregularidades el delito de detención ilegal que también dicta la sentencia. ¿Cuántas detenciones se deben hacer en nuestro país en las que el detenido, después de declarar, es puesto en libertad? ¿Son condenados a entre tres y cinco años de prisión todos los policías que las realizan? ¿Por qué en este caso la condena es tan dura contra los agentes y totalmente absolutoria para los presuntos agresores? Quizás la respuesta está en el historial del responsable de dictaminar la sentencia. El juez Hidalgo era policía de la BPS franquista (Brigada PoliticoSocial), es decir, formaba parte de la siniestra policía política de Franco, encargada sobre todo de la represión de los "rojos". Además, también había sido el espía de la BPS en la Facultad de Derecho de la Complutense. Y, para más datos, compañero de uno de los policías condenados por él mismo en el affaire Bono, el comisario Rodolfo Ruiz. Y no es que el juez Hidalgo esté en contra de la policía, más bien debe sentir aversión hacia cierta tendencia política, sino no se explica por qué ahora ha sido tan duro en su sentencia mientras en el 2004 absolvió a tres policías acusados de agredir a un sindicalista de UGT detenido durante una huelga en el año 2000 y cuyo examen médico reflejaba haber sufrido serias lesiones.
La rocambolesca historia no acaba aquí. Esta misma semana tres personas que asistieron a la polémica manifestación han interpuesto dos denuncias diferentes en las que declaran haber sido testigos, en su momento, de las agresiones sufridas por el ex-ministro Bono.
¿Alguna vez alguien se creyó realmente lo de la separación de poderes del Estado que exige la constitución?
