Internet siempre había representado el paradigma de la libertad de expresión. Era maravilloso creer que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo podía expresarse a través de internet con total libertad, que sus palabras eran desmenuzadas y convertidas en múltiples paquetes de pocos bits cada uno, imposibles de rastrear una vez enviados. Esto se ha acabado, internet representaba un peligro demasiado evidente para los gobiernos que coartan la libertad de expresión. La red, con la ayuda inestimable de las grandes empresas tecnológicas, ha dejado de ser en algunos países un medio de comunicación libre para convertirse en una fuente de información sesgada e incluso en una potente herramienta de propaganda.
En un informe reciente, "
Reporteros Sin Fronteras" ha denunciado que más de 60 "ciberdisidentes" están encarcelados por intentar expresarse en internet. Este mismo informe señala los
13 países que censuran la información existente en la red: (por orden alfabético)
Arabia Saudí, Bielorrusia, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Uzbequistán, Siria, Túnez, Turkmenistán y Vietnam. En todos ellos la policía vigila los
chats rooms, se cierran cibercafés, se borran blogs, se amenaza y encarcela a usuarios, se bloquean sitios web, se revisa el correo electrónico, los motores de búsqueda filtran los resultados...
El ejemplo más claro es el de China, donde el tráfico de internet está totalmente controlado por un cuerpo especializado de la policía. Además, la connivencia de las grandes empresas tecnológicas ayuda a que los usuarios chinos no conozcan hasta qué punto su gobierno controla la información que reciben por la red. Yahoo, Google y MSN excluyen en China resultados en las búsquedas en las que se incluyen palabras "no aptas". Este país representa un mercado enorme y ninguna de estas empresas quiere perder la oportunidad de entrar en él, aunque para ello tengan que acatar las medidas censoras que dicta el gobierno local. Cuando,
por ejemplo en Google, buscamos "Tiananmen", "Tibet", "BBC", "Human Rights Watch", "Falun Gong", o cualquier otra palabra que pueda comprometer al gobierno dictatorial chino, el número de entradas que aparecen es muy inferior al que generaría la misma búsqueda en otro país, ya que se han eliminado las entradas "incómodas". Google se excusa argumentando que cuando se restringen contenidos se comunica al usuario mediante el mensaje "
Se han eliminado algunos contenidos de los resultados de esta búsqueda", y que eso constituye "un elemento de transparencia". Yahoo por su parte, "ha reconocido haber facilitado a las autoridades chinas datos que han conducido a la detención y encarcelamiento del periodista Shi Tao", por haber enviado un correo electrónico a EE.UU. con información sobre la masacre de Tiananmen, tal y como señala la revista Personal Computer de octubre. En el punto opuesto se encuentra el creador de Wikipedia, Jimmy Wales, que
ha declarado que no está dispuesto a someterse a la censura de este país, y que prefiere que los chinos no puedan disfrutar de esta enciclopedia libre a que la disfruten parcialmente por culpa de la censura. En estos momentos los internautas de China no pueden acceder a
Wikipedia, ya que esta web se encuentra en la
lista negra del enorme cortafuegos chino, apodado ya como "la otra Gran Muralla".
Una prueba sencilla para saber qué contenidos se les oculta a los usuarios de internet en China es la siguiente:
- Realizamos una búsqueda en nuestro Google y miramos cuántas entradas ha generado.
- Añadimos "&meta=cr%3DcountryCN" (sin las comillas) al final de la dirección (http://www.google.com...) que nos ha generado la búsqueda del punto 1. Añadiendo esto conseguimos que sea la página de Google China la que nos muestre el resultado de la búsqueda.
Pero, ¿puede ser que China se convierta en un ejemplo para otros gobiernos? Sin ir más lejos, en la nueva "Ley para el Impulso de la Información" que el gobierno de Zapatero quiere aprobar próximamente existe algún punto negro (como el que
no tenga que ser obligatoriamente un juez el que pueda determinar el cierre de una página web, o que exista la posibilidad de que
el gobierno impida el acceso a contenidos o servicios internacionales) que, de aprobarse la ley, podría conducir en un futuro a que algún gobierno censurara contenidos de internet por motivos políticos, de "seguridad" o de cualquier otro tipo.